El fin del principio

El sueño roto de Gabriel Spartino. Un alivio de luto antes del aniversario del 2 de abril. Los circuitos de excepción. El rastro de Mariano Bruera. Cómo una solución puede convertirse en un problema.

                                                                                                           Luciano Lahiteau

El 21 de octubre de 2013, Gabriel Spartino tenía fe. Desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado, en junio de 2012, el lanzamiento del Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar), este analista de sistemas cuarentón, regordete, con las manos grandes como galletas a las que acude para explicarse, supo que la oportunidad de abandonar veintitrés años de peregrinación como inquilino había llegado.    

El 27 de febrero de 2011, Enrique Sette se sentía complacido. En un acto que se celebró en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata, el intendente Oscar Pablo Bruera lo ordenaba como Secretario de Gestión Pública, añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de cargos públicos que este arquitecto entrecano, de formas duras y ojos grises había hilvanado gracias a su buena ubicuidad política.

El 22 de octubre de 2008, el fiscal Jorge Paolini tenía certezas. Luego de una investigación previa, había dado inicio –junto a su colega Esteban Lombardo- a un expediente en la UFI Nº 8 de Investigaciones de Delitos Complejos en el que este joven de espalda pequeña, boca estrecha y flequillo beatle, acusaba a Mariano Bruera, el hermano del intendente asumido ese mismo año, y a Hernán Bracco, de falsificación de documentos públicos y defraudación para beneficiar a concesionarios de servicios públicos.

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La fe de Gabriel Spartino tuvo su gratificación el 22 de octubre de 2013, cuando el sorteo de la Lotería Nacional lo consignó entre los beneficiarios del Pro.Cre.Ar. Era la oportunidad que había estado esperando: hasta entonces, todos los llamados a concursar habían sido para remodelación y construcción, nunca para aquellos –como él– que no fueran propietarios de tierras. “En el mismo momento de alegría por el sorteo, teníamos la desazón de ver que los terrenos disponibles en La Plata no cumplían los requisitos del programa”, dice ahora, jugando con las manos, peinándose las cejas con los puños. Por causas especulativas, las parcelas disponibles, dice Spartino, superaban ampliamente el rango de $120.000 y $150.000 que establecen las bases del programa impulsado por el Estado Nacional. El sueño había sido corto.

Spartino usa camisas cuadrillé aunque no juegue al rugby. Tiene ese cabello rojizo y fino que en el interior de la provincia de Buenos Aires, de donde viene, identifica a los gringos. A pesar de la hiperinflación, sus padres pudieron sustentar sus estudios en 1990, el año en que llegó a La Plata. Desde entonces Spartino, que ya se graduó como analista de sistemas informáticos, que ya se casó y que ya vio nacer a su hija Fiorella, de seis años de edad, es inquilino. En todos estos años, Spartino nunca militó en política ni se preocupó por otra cosa que no fuera el bienestar de su familia, aunque se enorgullece de su frase célebre favorita: “Conmigo quien quiera, contra mí.... ¡quien se atreva!”. Lo fanatiza The Wall, de Pink Floyd, y, al mismo tiempo, cree que lo importante es la educación. Tal vez por eso sintió, sobre el final de 2013, que él y los otros beneficiarios del Pro.Cre.Ar. que venían encontrándose semana a semana en la Plaza Azcuénaga de 19 y 44, preocupados por los precios en el mercado inmobiliario, estaban capacitados para organizarse, formar una comisión y llevar una propuesta de solución al Ejecutivo municipal.

–La propuesta fue comprar lotes rurales en forma de consorcio. Al intendente Bruera le pareció muy interesante, porque se generaban tierras habitables.

Con ese fundamento y el apoyo del grupo de beneficiarios que representa Spartino – “Hoy somos 3.200 miembros en el grupo de Facebook, pero manejamos unos 1.500 beneficiarios reales”, calcula– una ordenanza bendecida por el intendente Bruera creó un registro de oferentes de tierras para beneficiarios del Pro.Cre.Ar. y abrió una vía exprés para los trámites de rezonificación en el municipio. En febrero de 2014, antes de que se cumpliera el primer aniversario de la inundación del 2 de abril, Bruera promulgó la Ordenanza Municipal Nº 11094, que creó el registro de oferentes de tierras (el cual caducaría a los noventa días de su apertura) y autorizó al Departamento Ejecutivo a implementar un “procedimiento simplificado para el visado de planos” que acelerase los plazos administrativos, dados los límites que establecen los reglamentos de Pro.Cre.Ar.    .

La Comuna consiguió 5.600 terrenos para beneficiarios del plan Procrear, tituló en su edición del 27 de marzo el diario El Día. Con la buena predisposición de 61 propietarios de tierras, la gestión Bruera había logrado superar “todas las expectativas” y recobrar las esperanzas a 2.500 beneficiarios, entre los que estaba Spartino. Los terrenos se repartían entre las zonas sur y oeste de la ciudad, con una pequeña porción en el norte. Desde la Secretaría de Gestión Pública, el arquitecto Sette detallaba: “el 50% de los terrenos que hemos conseguido para poner a disposición de beneficiarios está ubicado en las localidades del sur del distrito, entre Villa Elvira, San Lorenzo, Parque Sicardi y Arana”. Algunas de las localidades, obvió decir el funcionario, más afectadas por la inundación del 2 de abril.

–Ahí hay un punto de partida equivocado –apunta un colega de Sette, Alejandro Casas, quien forma parte del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos Distrito 1 de la provincia de Buenos Aires– porque son zonas de suelo rural que pasan a ser recalificadas como suelo urbano, al menos en todos los casos que se registran hasta ahora.

Alejandro Casas es un hombre de contextura mediana y voz profunda. Tiene una mirada desafiante en esos ojos de color marrón y circularidad perfecta, que de vez en cuando se ensombrecen bajo un flequillo peinado a mano, que cae en diagonal sobre sus cejas.

–El problema es que está todo en suelo rural –continúa–. A nosotros nos parece interesante agotar el suelo urbano primero, antes de pasar a lotear suelo rural que está desprovisto de cualquier tipo de infraestructura.

Casas y sus colegas del IEU son partidarios de ciudades densas, es decir, de aglomeraciones urbanas concentradas que prioricen la ocupación intensiva del suelo urbano y reserven cordones rurales cercanos que lo oxigenen. Desde que el Ejecutivo municipal empezó a convalidar tierras (a través de dos decretos, el 871 y el 872), los investigadores del IEU se han dedicado a analizarlos uno a uno.

–Son muy al borde –dice Casas mientras señala diez puntos rojos en la pantalla de su laptop. Cada uno de ellos corresponde a un nuevo terreno, creado a partir de las ordenanzas especiales. Y si bien hay algunos que dicen tener aptitud hidráulica, dudo que eso, después de lo que pasó el 2 de abril, sea fehaciente.

Casas lee en voz alta los decretos firmados por Bruera donde se aprueban diez terrenos a rezonificar en dos tandas de cinco parcelas. Comienza por el 871/14 y sigue la lectura con el dedo índice sobre la pantalla y, como habiendo encontrado la respuesta a un juego de ingenio, suelta: mirá. Es un predio ubicado entre las calles 56, 58, 163 y 165 de Los Hornos, la localidad más populosa de La Plata. Debajo de las especificaciones catastrales, los registros de propiedad y planos de mensura se ven los documentos que el municipio cree suficientes para hacer de esos terrenos un lugar habitable: alcance de los servicios públicos, proyecto de apertura de calles y “constancia de solicitud de Prefactibilidad de Aptitud Hidráulica ante la Dirección provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas”. El hallazgo satisface y amarga al mismo tiempo. En lugar de exigir la aptitud hidráulica, el municipio se conforma con la constancia de solicitud, un documento que no prueba nada más que el inicio del trámite.

–Me parece que por la desesperación de salvar la actividad económica y por la falta de suelo en la región, las cosas se están llevando adelante de una manera que es perfectible.

Casas ahora se detiene en una parcela del barrio El Rincón, de Villa Elisa, una localidad verde, el límite norte de La Plata. El punto rojo se cae del ejido urbano. Al oeste lo limita un bosque de eucaliptos que pertenece al Ministerio de Asuntos Agrarios. Por al lado le pasa una línea gris, un curso de agua. La dirección es 43bis y 132, que es la vera del arroyo Carnaval, una zona que se inundó un metro y medio en 2008, señala el arquitecto Casas. Se equivoca, el agua alcanzó el metro ochenta.

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A inicios de marzo de 2008, uno de cada siete vecinos de La Plata tenía el agua al cuello. Así lo calculó Carlos Mariescurrena, director de Defensa Civil, que en una nota de El Día del 5 de marzo de ese año, atestigua que los anegamientos “tuvieron un impacto en un área muy extensa, entre quienes viven en las cuencas medias y bajas de los arroyos El Gato, Carnaval, Martín, Don Carlos y Rodríguez”. Además, el organismo contó la pérdida de una vida –un hombre que se infartó por el susto y la impotencia–, 2.437 evacuados y más de 90 mil personas afectadas por el temporal, algo así como uno de cada siete platenses.

Por entonces, se comenzó a hablar de la construcción ilegal y descontrolada a la vera de los arroyos como una de las razones del desastre, algo que se confirmó el 2 de abril de 2013. En una nota publicada en mayo de 2008, el periodista de Clarín Cristian Scarpetta comprobaba desde un helicóptero lo que los vecinos platenses venían viendo desde hacía algunos años: el avance de la urbanización hasta el borde mismo de los arroyos, un despliegue de la mancha urbana que se da de bruces con el artículo 59 del Decreto Ley 8912 de la provincia, que prohíbe construir a menos de cincuenta metros del cauce. “Casas levantadas sobre terrenos anegadizos, miradores construidos sobre el arroyo Carnaval, piletas de natación cavadas junto a los riachos y desagües enrejados por cuestiones de seguridad –como en el country Grand Bell– son ejemplos que están a la vista”, apuntaba el cronista.

El arquitecto Enrique Sette no tuvo que lidiar con aquel desastre. Por entonces trabajaba como funcionario del Ministerio de Planificación Federal y su relación con Bruera era solo partidaria. Militó para el futuro intendente embanderando un local en la avenida 53 entre 16 y 17, por lo que fue premiado con el cargo de Secretario de Adoctrinamiento del Partido Justicialista de La Plata. Sette cultivaba un afán político-pedagógico desde hacía unos años, cuando estuvo al frente de la Dirección Provincial de Planificación y Control de Gestión en tiempos de Felipe Solá. Allí llevó a cabo su mejor creación, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), un organismo que busca formar “a los agentes provinciales” para su “crecimiento profesional y personal”, de modo que puedan hacer valer su derecho “a la capacitación para transformarse y transformar la sociedad”. 

El destino, sin embargo, le guardaría un desastre mayor, el del 2 de abril. Como el intendente Bruera –que a pesar del surrealista mensaje emitido desde su cuenta de Twitter estaba de vacaciones en Brasil– Sette no estaba en su oficina del Palacio Municipal en la mañana del 3 de abril. Si hubiese querido estar no lo hubiera logrado, porque esta vez el agua había llegado también al centro y se había cobrado 89 muertes, según la investigación –ahora validada por la Suprema Corte– del juez Luis Federico Arias.

La Secretaría de Gestión Pública es un cuadrado de techos altos y mostrador de una madera alisada por los años de uso. Se llega a ella ingresando al Palacio por la puerta principal, dándole la espalda a la Catedral y doblando a la derecha, sobre la nave izquierda del edificio, la que comparte con el despacho de la intendencia. Tal vez Sette haya descubierto que le seguían el rastro durante estas últimas semanas, en las que se negó a atenderme a través de sus secretarias, como lo hizo también el Director de Anses La Plata, Norberto Gómez, quien, abordado en los pasillos de la entidad en Plaza Paso, evitó decir cualquier otra cosa que no fuera “no articulamos con la gestión municipal”.

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El fiscal Jorge Paolini tuvo la crueldad de los justicieros la tarde del 8 de julio. Mientras buena parte del país se sentaba frente al televisor para asistir a la sanguinaria victoria alemana sobre Brasil, Paolini llegó al Palacio Municipal acompañado por efectivos de la policía bonaerense. Estaba allí para cerrar el círculo de su investigación. Entró con orden judicial a las oficinas de Enrique Sette, de Gustavo Petró (director general de Planeamiento y Obras Particulares) y de Roberto Moreno (director de Planeamiento) y pidió la captura de los funcionarios. También la de los empleados municipales Rubén Edgardo Moratis y Cristian Ibarra, quienes actuarían en conjunto con Mariano Bruera, hermano del intendente. El juez de Garantías Nº3, Pablo Raele, negó los pedidos y pidió más pruebas que las del fiscal, que incluyen más de treinta horas de escuchas telefónicas.

La causa se inició a partir de la denuncia del ingeniero agrónomo Guillermo Andreau. Según relatan los medios periodísticos, Andreau aplicó a la ordenanza 11094 con una parcela en 52 entre 162 y 171, por la que empezó a recibir llamados en los que lo invitaban a realizar pagos para agilizar los trámites de rezonificación. Según los trascendidos, los investigados llegaron a pedir un pago de 138 mil dólares y otro de 78 mil dólares.

–Yo hice la denuncia porque estas cosas no se pueden dejar pasar, yo quise ayudar de alguna manera a los beneficiarios del Procrear y, claro, sacar un rédito económico, pero bajo normas legales –le dijo el denunciante al portal Infopoliciales.

Ahora, Sette y los otros tres funcionarios están sospechados de formar una asociación ilícita y pedir coimas a Andreau, mientras Pablo Bruera busca desligarse. El intendente le pidió a la Dirección de Asuntos Legales presentarse como “particulares damnificados”, un planteo que debe ser resuelto por el juez Raele. El fiscal Paolini, en tanto, sigue detrás del rastro de Mariano, el hermano del jefe comunal, a quien conoce desde aquella investigación de 2008, cuando un transportista de Avellaneda declaró que Bruera y su socio le ofrecieron que aportara un millón de pesos en efectivo a cambio de licitaciones de recolección de ramas y otros servicios. Por aquel entonces, el denunciante hablaba de Mariano como “el recaudador”.

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Mariana Sáez es bailarina y tiene treinta años. Como Gabriel Spartino, forma parte de la comisión del grupo unificado de beneficiarios de Pro.Cre.Ar. y como Matías David López, periodista, del grupo de beneficiarios Los Teros, evitan caer en la palabra desilusión, pero sí admiten estar preocupados.

–No sabemos qué pasó. Y obviamente no confiamos en nadie. Pero también sabemos que hubo grandes grupos inmobiliarios que quedaron por fuera del negocio de subdvidir, y que habían amenazado con demostrar irregularidades. Así que no sabemos en medio de qué tironeos estamos. Lo que nos preocupa es que, según algunas informaciones, habrían secuestrado nuestros expedientes, y eso nos va a demorar todo más aun.

–Es la historia de una nueva oportunidad perdida –dice hoy el arquitecto Casas con la mirada a punto de estallarle en la cara-. Frente a toda esta gente que quiere tener su vivienda, con el gobierno nacional que pone los fondos, era una chance excepcional para revitalizar los subcentros urbanos. Pero lo que hizo el municipio fue correrse y dejar que la inversión la hiciera el sector privado, en lugar de planificar el crecimiento.

Gabriel Spartino prefiere no hablar. Dice que para integrar la comisión, armar la ordenanza y explicar las bondades del Pro.Cre.Ar. postergó horas de trabajo y familia, que no quiere hablar de esto ahora y que no tiene ganas de pensar qué sucederá. Eso, ya no tiene ganas.